Legal

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El incremento del 2% en el IPS para el 2021.
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La competencia
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Consejos para la vuelta a los despachos
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BOE del 29/03 ¿Son las corredurías de seguros servicios esenciales?
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¿Y ahora qué pasa con la DEC 2020?
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ANALIZANDO LA “LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS”
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El director técnico de la correduría
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¿Cambios en el IVA para las Asociaciones y AIE de Seguros?
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Obligación de registrar la jornada laboral
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¿Qué pasa si no tengo los datos actualizados en el registro especial de la DGSFP?

El incremento del 2% en el IPS para el 2021.

¿Cómo podría afectar este incremento en las primas gestionadas por los mediadores?

Para ponernos en contexto, dicho impuesto tiene efecto desde el 1 de enero de 1997, a través de su artículo 12 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Es un tributo indirecto que grava las operaciones de seguros y capitalización. Y que son sujetos pasivos las entidades aseguradoras cuando realicen las operaciones gravadas por el impuesto.

La controversia, viene sobre el redactado del artículo siete de la citada Ley

Que dice;

Siete. Devengo del impuesto.

El impuesto se devenga en el momento en que se satisfagan las primas relativas a las operaciones gravadas. En caso de fraccionamiento de las primas, el impuesto se devenga en el momento en que se realicen cada uno de los pagos fraccionados.

La petición del sector asegurador, en solicitar aplazamiento de 3 meses para la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo, facilitaría la gestión a la mediación y a las aseguradoras en última instancia, que son las que deben repercutir íntegramente dicho impuesto, tal como se cita en el artículo diez de la citada Ley

Diez. Repercusión del impuesto.

El Impuesto sobre las Primas de Seguros deberá ser repercutido íntegramente por las entidades aseguradoras sobre las personas que contraten los seguros objeto de gravamen.

La repercusión se atendrá a lo establecido por la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Y a la práctica en cómo afecta a las aseguradoras según el artículo trece de la mencionada Ley

Trece. Autoliquidación e ingreso.

1) Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar mensualmente declaración por este impuesto.

2) En el mismo momento, de la declaración del sujeto pasivo deberá determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

Las diferentes consultas Generales o Vinculantes sobre dicho impuesto, muestran sobre cómo desde la Dirección General de Tributos interpretan el criterio de devengo en relación al IPS.

Por ejemplo;

Consulta Vinculante V055-06

El devengo del impuesto tiene lugar cuando se satisfacen las primas correspondientes a las operaciones gravadas, o en el caso de fraccionamiento de las mismas, en el momento en que se realice cada uno de los pagos fraccionados (apartado Siete del artículo 12 de la Ley 13/1996). Se tributará por la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen vigente en la fecha del devengo del impuesto (6 por ciento, actualmente) sobre la base imponible, constituida por el importe total de la prima o cuota satisfecha. No existe por tanto limites reducidos

…/…

Hay que tener en cuenta que, en el Impuesto sobre la Primas de Seguros, no hay crédito de impuesto a deducir o compensar en declaraciones posteriores, a diferencia de lo que ocurre en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y sólo existe obligación de declarar en los periodos en que se realicen operaciones de seguro

Es decir, las aseguradoras han de presentar mensualmente declaración de dicho impuesto y supeditado al devengo (cobro) que se haya satisfecho, por lo tanto.

La cuestión que está en el mercado y que algunas aseguradoras han trasladado a canal de la mediación es, la petición que estas han solicitado a los mediadores que, todas las primas cobradas en el 2020 sean liquidadas antes de finalizar el año, para que de esta forma el devengo del impuesto sea conforme al 6% en vigor.

Pero ¿Cómo debe tratarse aquellos acuerdos mercantiles que permite al mediador liquidar las primas a las aseguradoras en diferentes plazos según hayan acordado?

Ejemplo; Primas cobradas por el mediador en diciembre 2020 y que pueda estar en periodo de devolución por parte del tomador, por lo que el mediador conforme al acuerdo precontractual que tiene con la aseguradora, le permite liquidar en plazos superiores, supongamos enero 2021.

Esta liquidación que efectúa el mediador a la aseguradora sobre primas 2020, pero que son devengadas a la compañía en el 2021, implican que deberían ser repercutidas al 8% y no al 6%, todo y haber sido cobradas por el mediador en el ejercicio actual.

Es decir, cuando la Aseguradora declare durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación mensual. (excepto mes de julio), se encontrará que, en su declaración mensual, el devengo y periodo que está declarando estará sujeto al 8%, pero por el contrario el mediador habrá liquidado la prima que tenía calculada el IPS al 6%.

(Ejemplo modelo 430 presentación telemática a través del cual las Aseguradoras liquidan el IPS)

modelo 430 que presentan mensualmente las Aseguradoras

Observación:

Si finalmente la entrada en efecto del nuevo tipo del 8% es a partir del 1 de enero 2021, sería conveniente regularizar las primas que se hayan cobrado por parte del mediador durante este 2020 para que, de esta forma, la liquidación a las aseguradoras se impute al 6% en vigor actualmente.

Para aquellas primas que no estén cobradas por el mediador, lo ideal sería re facturarlas con efecto 2021 para que se le pueda aplicar el tipo del 8%, de esta forma cuando se haya devengado por el tomador, la compañía liquidará el impuesto conforme vigente en de dicho momento.

La casuística de opciones sobre la gestión de los recibos es más amplia como así lo han estado comunicando diferentes aseguradoras, pero eso no exime que si al final no hay una prórroga sobre su entrada en vigor, mediadores y aseguradoras deberán ponerse de acuerdo sobre las primas que se hayan cobrado al tomador durante el 2020.

La competencia

Un asunto importante al que prestar atención en el día a día de la correduría, como en cualquier negocio, es la competencia. Aquella que nos puede ganar el terreno por muy diferentes que intentemos ser.

La mayoría de las veces la competencia proviene de fuera, pero vamos a analizar una más sutil y que proviene de nuestro entorno más cercano, nuestros propios empleados.

Imagine que su empresa va a contratar a un empleado con un perfil cualificado: que tendrá acceso a la base de datos de clientes, que deberá tener una comunicación fluida con ellos.

En definitiva, que puede llegar a manejar una amplia red de contactos para desarrollar sus funciones.

Usted en un momento determinado puede temer que, si por cualquier causa finaliza su relación laboral, éste empleado pueda llevarse consigo información, clientes o incluso pueda realizarle la competencia directa estableciéndose por su cuenta o trabajando para empresas competidoras.

Contemple la posibilidad de establecer un Pacto de No Competencia postcontractual.

¿Qué es un Pacto de no Competencia?

Regulado en el artículo 21 de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que, mediante dicho pacto, el empleado renuncia a hacer la competencia cuando abandone la empresa a cambio de recibir una contraprestación económica.

Se puede suscribir desde el inicio de la relación laboral o incluso al término de esta.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Para que este pacto sea válido, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Su empresa debe tener un interés industrial o comercial. Se presumirá que existe este interés si existe un perjuicio potencial en el caso de que el empleado desarrolle la actividad afectada por la obligación de no competencia. A estos efectos, no sería válido pactar la prohibición de trabajar en otra actividad que no esté relacionada con la empresa.
  • Duración: El periodo máximo de duración de este pacto podrá ser de 2 años para empleados técnicos (por ejemplo, un responsable de departamento), o de 6 meses en el resto de los casos, como podría ser el caso de empleados administrativos sin mayor responsabilidad, pero con acceso a datos confidenciales.
  • Mutuo acuerdo: No se puede obligar a un empleado a firmar este tipo de pactos. En necesario contar con su acuerdo.
  • Compensación económica adecuada como contraprestación.

¿Qué se considerará como compensación económica adecuada?

Además, para que el pacto siga teniendo validez, debe abonar una compensación económica adecuada. Algunas empresas no cumplen este punto y ello provoca que dicho pacto se convierta en nulo.

Puesto que la ley no define qué se considera adecuado, deberemos considerar aspectos como la responsabilidad que tendrá el empleado en la empresa, su salario global, el tiempo en que no podrá realizar la competencia una vez fuera de su organización, etc.

Asimismo, debe señalar en el pacto el momento en que abonará la compensación. Como opción recomendable, puede efectuar el pago en la nómina mensual, reflejando como concepto “Compensación por no competencia”, aunque también puede abonarlo en el momento de la extinción de la relación laboral.

En este sentido, si el sueldo de su empleado es superior al que marca el convenio para su categoría, puede incluir este concepto de forma separada dentro de los que utilice para retribuir las mejoras que le abone respecto al salario fijado en convenio. De esta manera, no quedará ninguna duda de que cumple con el requisito de la retribución por este pacto y además evitará asumir costes adicionales.

La compensación debe permitir al trabajador mantener una estabilidad económica durante el tiempo en que no va a poder trabajar para competencia. En términos generales se ha considerado que se cumple esta condición si se le paga un 30% de su salario.

¿Qué pasa en caso de incumplimiento por parte del empleado?

Si pese a tener firmado dicho pacto y retribuirlo de manera adecuada, una vez finalizada la relación laboral con su empleado, detecta que éste empieza a trabajar o colaborar para un competidor dentro del tiempo establecido, podrá reclamarle una indemnización.

En concreto, su empresa podría reclamar la cuantía pactada en el propio pacto. Se suele pactar la devolución de los importes que el empleado haya cobrado por este concepto.

Si no se reflejó ningún importe a devolver, puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios que le haya causado la actividad competidora de su antiguo empleado. Por ejemplo, por una fuga de clientes, por el descenso en su facturación, etc.

Por último, dispone de un año desde que tenga conocimiento de la actividad competidora para reclamar la indemnización, siempre que no hayan transcurrido dos años desde su cese.

Recuerda, ponerte en manos de los profesionales adecuados puede solucionarte muchos de estos problemas cotidianos del día a día que puedes desconocer.

Consejos para la vuelta a los despachos

Es evidente que esta situación de crisis sanitaria nos ha pillado a pie cambiado a todos, tanto en el ámbito particular como profesional.

A nivel particular; llevamos más de 40 días conviviendo y trabajando la gran mayoría en nuestras casas de la mejor forma posible, pero…

¿Y cuando tengamos que volver a nuestros despachos?

Hemos de tener en cuenta que el pasado 7 de abril se aprobó Real Decreto 13/2020 que modifica el anterior redactado de marzo y estipula que si quedase acreditado que un empleado se contagia en la empresa se considerará un accidente de trabajo normal, y no solo a los efectos económicos de la prestación, lo que significa responsabilidad plena para la empresa.

Esta responsabilidad, podría traducirse en reclamaciones de trabajadores que sufrieran secuelas o incluso una incapacidad laboral como consecuencia del contagio de la enfermedad, e indemnizaciones si se declarase que el accidente laboral (en este caso el Covid-19), se produjo por faltas de medidas de seguridad por parte de la empresa.

Puesto que no queda claro a quien le corresponde la carga de la prueba, lo que debemos procurar como empresa, es cumplir siempre con la normativa de riesgos laborales. Especialmente en estos momentos.

¿Segunda sala de descanso? ¿Nuevo comedor? Las posibilidades son infinitas.

La actividad de mediación de seguros no se ha paralizado en ningún momento, por ser considerada una de las esenciales, por ello deberemos tener en cuenta lo siguiente:

  • Fomentar y posibilitar el teletrabajo siempre que sea posible, evitando los riesgos de desplazamientos innecesarios, uso de transportes públicos, realizar videollamadas.
  • Proveer de mascarillas y guantes de protección debidamente homologados, jabón y toallas secamanos de papel etc. en caso de que se deba acudir al puesto de trabajo.
  • En cuanto al distanciamiento social, implementar acciones para garantizar la distancia mínima entre trabajadores, escalonar los horarios de comida, de salida y entrada etc. 
  • Mantener una comunicación constante y actualizada (vía e-mail) con todas las recomendaciones posibles hacia los trabajadores.
¿Qué medidas tienes previstas en tu despacho?

Por ello, desde Solvento os pasamos algunos consejos útiles:

  • Gestiona el equipo en función del espacio físico disponible, ¿pueden mantener el espacio mínimo?

  • Existen soluciones de instalación rápida para dividir los espacios de trabajo.

  • Dispón de material para los empleados: mascarillas, guantes y soluciones hidroalcohólicas, y si es posible para visitas externas.

  • Coordina con tu equipo,  un nuevo horario que permita continuar con las funciones principales de la correduría.
Toda prevención es bienvenida.

Entre tod@s, tenemos el compromiso de activar la economía lo antes posible, sin olvidar que, esta pandemia ha cambiado la forma de trabajar y colaborar en la sociedad.

Un fuerte #teleabrazo.

BOE del 29/03 ¿Son las corredurías de seguros servicios esenciales?

Ayer 29/03 el Gobierno anunció mediante un DECRETO-LEY que cualquier actividad laboral NO ESENCIAL debía ser parada y los trabajadores de dichas actividades debían quedarse en casa.

Podéis leer el PDF aquí

En el decreto, además se especifican las condiciones, en cuanto a retribución salarial y cómo deberá compensar a la empresa en horas de trabajo.

Pero… ¿Las corredurías son esenciales?

Pues la respuesta es fácil… Si, si que lo son.

Como podemos leer en el documento:

«11 – Quienes trabajen en empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.»

Se ha de tener en cuenta además:

«Trabajadores incluidos en ERTE, teletrabajadores y empleados de baja por incapacidad temporal, excluidos del permiso retribuido»

 

Desde el Blog del Corredor os iremos informando de todas las novedades que vayan surgiendo a lo largo de estos días de incertidumbre. Os enviamos un fuerte #teleabrazo.

¿Y ahora qué pasa con la DEC 2020?

El plazo estaba marcado para finales de Abril de 2020, pero ante la inesperada llegada del COVID-19 a la península, el Gobierno ha decidido suspender el plazo de la DEC hasta nuevo aviso y así lo ha reflejado en el BOE:

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece, entre otros:

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

  1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
El COVID-19 nos está enseñando a encontrar soluciones a nuevos problemas en muy poco tiempo.

«¿Pero yo ya tenía la documentación, ahora que hago?»

No te preocupes, si ya tienes todo listo puedes enviar la documentación a tu gestor en cualquier momento. Así en cuanto se vuelva a fijar una fecha de entrega se tendrá listo cuanto antes.

Desde Solvento os enviamos un #TeleAbrazo a tod@s y esperamos que este periodo de confinamiento se haga lo más llevadero posible.

¡Cuidaros!

ANALIZANDO LA “LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS”

En esta nueva entrada del Blog del Corredor queremos presentaros el primero de una serie de posts en los que trataremos los puntos más destacados de la reciente transposición de la IDD.

Mediante el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Para simplificar la referencia a la nueva norma, nos referiremos a ella como la “Ley de Distribución de Seguros”.  

Ok, ¿Pero esto qué significa? Vamos a ver las principales novedades que nos trae la nueva Ley:

¿Cuando/Donde/Cómo/A quien se aplica?

La nueva norma abarca todos los canales de distribución de seguros, por tanto, incluye a los mediadores de seguros y de reaseguros, a las compañías aseguradoras y reaseguradoras e incluye una nueva figura, la de los mediadores de seguros complementarios (esto es, quienes distribuyan seguros con carácter complementario de un bien o servicio, con determinadas condiciones). Asimismo, por  primera vez se contempla la figura de los llamados “comparadores”, que deberán cumplir con las obligaciones de los mediadores.

¿Que necesita el cliente?

El deber de información se regula ampliamente en la Ley de Distribución de Seguros y encontramos diferentes documentos a facilitar al cliente:

La información general previa: Es un documento muy similar a la información previa establecida en el artículo 42 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados (en adelante, “Ley de Mediación de Seguros”), si bien se tratan más cuestiones en el nuevo documento.

La información y, en su caso, asesoramiento previo, que deberán proporcionar los distribuidores de seguros sobre un contrato. El distribuidor de seguros determinará, basándose en informaciones obtenidas del cliente, las exigencias y las necesidades de éste.

El documento de información previa sobre el producto de seguro, que deberá elaborar la entidad aseguradora o bien el mediador si este último es quien ha diseñado el producto.

¡Espera! Hay mas…

Obligaciones adicionales en los productos de inversión basados en seguros:

Además de los documentos indicados en el apartado anterior, en el caso de los productos de inversión basados en seguros, los distribuidores deberán adoptar medidas para evitar posibles conflictos de interés y recabar información sobre el cliente con el objeto de recomendarle el producto más adecuado a su perfil. Asimismo, deberán informar al cliente de todos los costes y gastos asociados y advertirle de los riesgos conexos a los productos de inversión y a las estrategias de inversión propuestas.

Conservación de la documentación precontractual

Se establece el deber de conservar los documentos en los que se plasme la información precontractual entregada al cliente, al objeto de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones, durante un plazo mínimo de seis años desde el momento de la finalización de los efectos del contrato.    

Cuentas separadas

Se establece la obligación para todos los mediadores de seguros de acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador.

Los mediadores disponen de tres meses, desde la entrada en vigor de la Ley (6 de febrero de 2020), para adaptarse a esta obligación.

Régimen sancionador:

Se endurece el régimen sancionador,  destaca el significativo aumento de los importes de las multas.

En la Ley de Mediación de Seguros  la sanción por multa máxima era por importe de 30.000 euros.

Con la nueva Ley de Distribución, en el caso de las sociedades, su importe podrá ser hasta el importe más alto de los siguientes:

  1. El 3% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección o 1.000.000 euros (en el caso de productos de inversión basados en seguros el 5% y 5.000.000 de euros respectivamente) 
  2. O hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.

En el caso de los infractores persona física, la multa por una infracción muy grave podrá ser de hasta el importe más alto de los siguientes:

  1. 100.000 euros (700.000 euros en el caso de supuestos relativos a productos de inversión).
  2. O hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.

Lo mismo sucede con la sanción por multa a los que ejerciendo cargos de administración sean responsables de la actividad de distribución o formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución. La multa establecida en la Ley de Mediación de Seguros podía ser de hasta 60.000 euros y con la Ley de Distribución de Seguros esta asciende hasta 200.000 euros.

Como decíamos al principio, con esta entrada meramente hemos querido aportar un breve resumen de las principales novedades que nos trae la  Ley de Distribución de Seguros, pero sin duda, hay otros muchos temas a tratar y algunos de los comentados merecen que los abordemos de forma más amplia. A todo de ello esperamos dar respuesta en las próximas publicaciones de este blog.

«TO BE CONTINUED…»

El director técnico de la correduría

Un cargo de responsabilidad en la distribución de seguros

Ha aparecido publicado en varios medios del sector, que “corre peligro” el cargo de Director Técnico de la correduría de seguros, como si de la noche a la mañana hiciesen desaparecer una responsabilidad que se deriva de la intermediación de seguros.

No tiene mucho sentido pensar que la intención del legislador sea la de suprimir responsabilidades… ¿no creen?

Vender o Seguir como corredor de seguros
¿No será que solo le cambian el nombre?

Lo que indica la actual la Ley 26/2006:

b) Los corredores de seguros, personas físicas, deberán acreditar haber superado un curso de formación o una prueba de aptitud en materias financieras y de seguros privados que reúna los requisitos establecidos por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Aquellas personas que participen directamente en la mediación bajo la dirección del corredor de seguros deberán estar en posesión de los conocimientos necesarios para el ejercicio de su trabajo.

En las sociedades de correduría de seguros deberá designarse un órgano de dirección responsable de la mediación de seguros, y, al menos, la mitad de las personas que lo compongan y, en todo caso, las personas que ejerzan la dirección técnica o puesto asimilado (director técnico) deberán acreditar haber superado un curso de formación o una prueba de aptitud en materias financieras y de seguros privados que reúna los requisitos establecidos por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, cualquier otra persona que participe directamente en la mediación de los seguros deberá acreditar los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de su trabajo.

¿Y qué dice el proyecto de Ley de Distribución?

c) Acreditar que los corredores de seguros, personas físicas, así como, en el caso de personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución y todas las personas que participan directamente en la distribución de seguros, cumplen el requisito de honorabilidad comercial y profesional en los términos dispuestos en el artículo 2. Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del corredor de seguros, persona jurídica.

«Responsable de la actividad de distribución»

Y además, el Borrador de Real Decreto por el que se desarrollará la Ley de distribución de seguros y reaseguros privados en materia de formación, dice:

  • Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El presente real decreto se aplicará a los distribuidores de seguros y de reaseguros, definidos en el artículo 2 de la Ley XX/XXXX, de XX de XXXX, de distribución de seguros y reaseguros privados, a los colaboradores externos, así como al personal relevante de los anteriores.

2. A efectos de este real decreto, se entenderá por personal relevante a toda persona, empleado o no, que participe directamente en la distribución de seguros y reaseguros privados por cuenta de los distribuidores de seguros o de reaseguros o de los colaboradores externos, proporcionando información o prestando asesoramiento a clientes o potenciales clientes.

3. Serán consideradas asimismo como personal relevante las siguientes personas:

a) La persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

b) La persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de los mediadores de seguros y corredores de reaseguros, personas jurídicas.
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_Seg_AP_180731_RD_formacion.pdf

c) La persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros o, en su caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros de los colaboradores externos de los mediadores de seguros.

  • Artículo 2. Objeto.

1. El objeto de este real decreto es establecer criterios sobre los conocimientos y aptitudes que deben tener los distribuidores de seguros y de reaseguros y su personal relevante, así como sobre el modo en que dichos conocimientos y aptitudes deben ser evaluados.

2. Asimismo, se concreta la forma en la que las personas y entidades obligadas podrán acreditar el cumplimiento de los citados requisitos.

«KEEP CALM AND SAVE THE DIRECTOR»

Es conveniente asesorarse y no dejarse llevar por titulares que pueden crear confusión en el mercado.

¿Cambios en el IVA para las Asociaciones y AIE de Seguros?

Conforme a la Ley 6/2018 PGD y desde el 1 de enero del 2019 las Agrupaciones de Interés Económico deberían repercutir IVA en las cuotas de sus asociados

Limitación en la exención del IVA del sector asegurador aplicado a las Asociaciones y Agrupaciones de Interés Económico (AIE)

Puede ser significativo el cambio de rumbo que afecta de pleno al sector de la mediación de seguros privados, si finalmente ha de aplicarse.

Fuente de la web de la Agencia Tributaria

Exenciones interiores. Servicios prestados por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas Agrupaciones de Interés Económico (AIEs) a sus miembros (art. 20.Uno.6º LIVA)

Con efectos desde el 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida, para ajustar la normativa interna al Derecho de la Unión Europea, el artículo 75 de la LPGE 2018 deja fuera de la exención relativa a los servicios prestados directamente por uniones, agrupaciones o entidades autónomas a sus miembros, cuando estos se traten de entidades que ejercen las actividades exentas a que se refieren los números 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 26º y 28º del artículo 20.Uno LIVA, relativas a:

  • operaciones de seguro
  • sellos de Correos y efectos timbrados,
  • operaciones financieras,
  • loterías, apuestas y juegos,
  • operaciones inmobiliarias (entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, segundas y ulteriores entregas de edificaciones, arrendamientos de terrenos y viviendas)
  • derechos de autor y
  • prestaciones de servicios y entregas de bienes realizadas por partidos políticos.

De esta forma, la exención resultará solo de aplicación, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial (sentencias TJUE de 21 de septiembre de 2017, asunto C-605/15 «Aviva» y C-326/15 «DNB Banka»), a las AIEs cuyos miembros desarrollen actividades de interés general que queden exentas de IVA (asistencia sanitaria, asistencia social o educación entre otras).

Supondrá un cambio en las estrategias de la AIE?


Se deberá analizar con detalle, la afectación de cada una de estas según el redactado en sus estatutos y las operaciones que hasta la fecha vienen desarrollando, para conocer si estas pueden acogerse al criterio sobre Sociedades sin ánimo de Lucro cómo así se refleja en otras Consultas Vinculantes como por ejemplo la DGT V2352/2014 de 9 de septiembre de 2014.

Independientemente del cumplimiento en el ordenamiento jurídico de la UE, toma uno la impresión que a través de nuevas leyes, van cerrando el círculo a todas aquellas actividades que antes quedaban fuera de repercutir dicho impuesto.

Pero, ¿será la antesala de posibles cambios en la exoneración de la propia actividad de mediación de seguros? Es probable que muchos mediadores estén conformes a repercutir el IVA en sus operaciones con las aseguradoras, con el objetivo también de deducirse el IVA en las operaciones de bienes y servicios que adquieren.

Tendremos que estar atentos a los cambios que deparan a este sector. Así como a aquellas iniciativas que desde alguna Agrupación han instado a consultas a la Dirección General de Tributos.

Obligación de registrar la jornada laboral

La obligación de registrar la jornada laboral de todo el personal se ha puesto en marcha

Recientemente se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Hasta ahora, y después de varios cambios de interpretación por parte de la Inspección de Trabajo, su empresa tenía la obligación de registrar la jornada de sus empleados a tiempo parcial y de efectuar una totalización mensual. También debía entregar, junto con la nómina, una copia de dicho registro al empleado, reflejando el resumen de las horas realizadas cada mes (ya fueran ordinarias o complementarias).

Pues bien, esta reciente norma extiende la obligación a toda su plantilla, incluyendo la de los contratados a jornada completa.

Particularidades:

  • Dicha obligación entrará en vigor el próximo 12 de mayo. Así pues, a partir de esa fecha deberá realizar un registro diario de la jornada de todos sus empleados incluyendo la hora concreta de inicio y de fin de la jornada.
  • Para cumplir con esta obligación, el convenio – o un acuerdo de empresa con los representantes de los trabajadores – puede indicar cómo documentar este registro.

Recordemos que el convenio del sector se encuentra prorrogado en estos momentos, a la espera de acuerdo de las partes y posterior publicación.

En su defecto, usted puede decidir de forma unilateral (previa consulta con los representantes de los trabajadores, si los hay) cómo cumplir con esta obligación. Por ejemplo, mediante un sistema de fichajes electrónico o con un registro manual que documente la hora de entrada y de salida, siendo este último un sistema poco valorado por la Inspección por su mayor grado de manipulación.

  • Su empresa deberá conservar los registros de jornada durante cuatro años, quedando a disposición de trabajadores, representantes e Inspección de Trabajo.
  • Se introduce a este respecto una nueva sanción en la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), quedando tipificado el incumplimiento del registro de jornada como una infracción grave en materia de relaciones laborales, cuya multa oscila entre 626 o 6.250 euros, en función de la gravedad de los hechos.

Ante la proximidad de nuevas elecciones generales y del marco parlamentario que pueda derivarse, el presente RD es posible que esté sujeto a posibles variaciones.

Si estás interesado en conocer más sobre este artículo y de cómo aplicarlo a tu negocio consultanos.

¿Qué pasa si no tengo los datos actualizados en el registro especial de la DGSFP?

¿Cómo puedo comprobarlo?

A través del Punto Único de Información de mediadores de seguros y de reaseguros

En  el Punto Único de Información (PUI) de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) puedes acceder a la información inscrita en los registros de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de todas las Administraciones Públicas con competencias en materia de mediación de seguros y reaseguros, la única excepción a este registro único corresponde a los mediadores de seguros inscritos en el registro de dicha comunidad.

¿Tengo obligación de comunicar los cambios?

Sí, además la comunicación debe hacerse de acuerdo con plazos establecidos en la normativa. Aunque en ocasiones los mediadores suelen desconocer u olvidar esta obligación, lo cierto es que la DGSFP la recuerda desde el primer momento en que el mediador obtiene su autorización administrativa, donde habitualmente consta indicada esta obligación, la DGSFP hace mención en sus diferentes escritos de los siguientes recordatorios:

  • Cualquier modificación en los estatutos, órganos de administración y dirección, participaciones significativas y en cualquiera de los documentos aportados para la inscripción en dicho Registro deberá ser acreditada ante esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones u organismo Autonómico competente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 26/2006, en la forma y plazos que establece el artículo 124 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, dentro de los 10 días siguientes al de adopción de los acuerdos, presentando, en su caso, la escritura pública correspondiente en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro Mercantil.

 

  • Así mismo y conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados, deberá solicitar previamente la no oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la transmisión de acciones o participaciones sociales que pudiera dar lugar a un régimen de participaciones significativas.

¿Es sancionable?

Sí, la actual Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados (en adelante, Ley de Mediación) establece en su artículo 55, dedicado a las infracciones, varios supuestos tipificados, incluso, como muy graves.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

art. 55.2.i) La adquisición o el incremento de participación significativa en una sociedad de correduría de seguros o de reaseguros incumpliendo lo dispuesto en el artícu­lo 28.1 de esta Ley (relativo a obligación de informar previamente a la DGSFP de la proyectada transmisión de acciones o participaciones).

art. 55.2.q) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de cuantos datos o documentos deban remitirse, mediante su presentación permanente o periódica, o mediante la atención de requerimientos individualizados, así como su falta de veracidad cuando con ello se dificulte la apreciación del alcance y naturaleza de las operaciones realizadas. Se entenderá que hay falta de remisión cuando no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento individualizado.

Tendrán la consideración de infracciones graves:

art. 55.3.h) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de cuantos datos o documentos deban remitírsele, ya mediante su presentación permanente o periódica, ya mediante la atención de requerimientos individualizados, o la falta de veracidad en ellos, salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave con arreglo a la letra q) del apartado 2 anterior. A los efectos de esta letra h), se entenderá que hay falta de remisión cuando no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento individualizado.

Tendrán la consideración de infracciones leves:

art. 55.4. (…) los incumplimientos ocasionales o aislados de normas reglamentarias sobre mediación de seguros y reaseguros privados o con incumplimiento de los requisitos establecidos en ellas.

¿Y también lo será en la Ley de Distribución?

Efectivamente, en el Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados (en adelante, Ley de Distribución) se contemplan los  de los supuestos de infracción comentados.

Además, hay que tener en cuenta un aspecto muy relevante de la futura Ley de Distribución y es el importante cambio que se produce en el importe de las sanciones por multa:

En el caso de las sanciones por infracciones muy graves:

Para la persona jurídica:  será del 3% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; 1.000.000 euros o bien el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción. Para los cargos de los órganos de administración y dirección la sanción por multa será de hasta 200.000 euros.

Para la persona física: 100.000.-€ o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción.

En el caso de las sanciones por infracciones graves:

El 1% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; 500.000 euros o doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción. Para los cargos de los órganos de administración y dirección la sanción por multa será de hasta 100.000 euros.

En el caso de las sanciones por infracciones leves: el 1% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; 100.000 euros o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción.

Evidentemente, es difícil que veamos en los supuestos que hemos comentado este tipo de sanciones impuestas en su grado máximo y, cabe también indicar que en el caso de las infracciones leves se contempla la amonestación privada como sanción, pero, en cualquier caso, la perspectiva que tenemos en la actualidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del sector debe cambiar radicalmente. Recordemos que en la todavía vigente Ley de Mediación la sanción máxima establecida es de 30.000 euros para la sociedad y de 60.000 euros para los cargos de los órganos de administración y dirección.

 

¿Qué ocurre si veo que no he comunicado las modificaciones?

Lo más adecuado en estos casos es revisar el histórico de modificaciones que se han producido en el mediador para preparar el comunicado a la Administración. Debe tenerse en cuenta que siempre es mejor presentar y acreditar por propia iniciativa los cambios que se han realizado que no que sea después de un requerimiento instado por la Administración.

Asimismo, debe recordarse también que es conveniente regularizar la situación registral, puesto que cada año se presenta en la DEC la situación del mediador y que los datos comunicados en ella pueden entrar en conflicto respecto de los inscritos en el Registro de Mediadores. IMPORTANTE: Y no, ni la DEC ni la comunicación al Registro Mercantil son en ningún caso la vía para que el Registro de Mediadores inscriba las modificaciones que se han producido en el mediador.

¿A qué Registros de Mediadores puedo acceder?

 

Punto Único de Información de la DGSFP

https://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx

Cataluña

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/med/mediador.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES

Baleares

https://apps.caib.es/remiasfront/

Valencia

http://aplicaciones.indi.gva.es/arco2/jsp/med_inicio.jsp

Galicia

https://goo.gl/2jazby

Navarra

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/874B0B49-7AB5-4CD8-9BE8-42EF89F5D58F/87036/Registro

 

Te recomendamos que actualices la información si fuese el caso, puedes hacerlo directamente con el certificado electrónico o contar con el apoyo de un profesional que conozca cómo proceder ante este tipo de comunicaciones.

 

Jose A Muñoz

CEO