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MEDIDAS DE AYUDA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
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ANALIZANDO LA “LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS”

MEDIDAS DE AYUDA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

El Gobierno de España, ha anunciado nuevas medidas excepcionales mediante Decretos-ley en materia tributaria para ayudar/facilitar pagos a Pymes y Autónomos, entre ellas por ejemplo, se alarga el plazo de pago hasta el 30 de Mayo, puedes leerlas a continuación:

El Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo contempla una serie de medidas para la flexibilización de aplazamientos para pymes y autónomos.

Con carácter provisional, los contribuyentes que quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos incluidas en el mismo, deberán proceder de acuerdo con las siguientes instrucciones:

  • La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto, no será de aplicación a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por lo que se deberá presentar por los procedimientos habituales las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.

 

  • El artículo 14 del Real Decreto-ley, concede la posibilidad de aplazar el ingreso del pago de todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 13 de marzo de 2020 al 30 de mayo de 2020, siempre que su cuantía sea inferior a 30.000,00 euros.

 

  • El aplazamiento también se aplica a las deudas tributarias que en principio no pueden ser objeto de aplazamiento de conformidad con el artículo 65.2 de la LGT (retenciones y pagos a cuenta del I.R.P.F.)

 

  • Únicamente podrán optar a dichos aplazamientos las personas o entidades con un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 euros durante el año 2019.

 

  • El aplazamiento se concederá para un periodo de 6 meses, no devengando intereses de demora durante los 3 primeros meses.

MEDIDAS A NIVEL NACIONAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA

El RD ley 11/2020 del 31 de marzo publicado el 2 de abril de 2020 ha dado una serie de medidas a nivel laboral y destacamos las siguientes:

  •  Aquellas personas que teniendo como mínimo dos meses de duración de su contrato laboral, y este se haya extinguido con posterioridad al estado de alarma del 14 de marzo de 2020, que carezcan de otras rentas según art. 275 TRLGSS y por no haber cotizado lo suficiente no puedan acceder a la prestación de desempleo, serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. El importe a cobrar será un 80% del IPREM actual. (537,87 x 80% = 430,30 euros mes). No es compatible con otras rentas, como puede ser la renta mínima. Su duración será de un mes que podrá ser ampliado por decreto-ley.

  • Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Por duración de 6 meses tanto para empresas como para autónomos. Afecta a las recaudaciones de abril a junio de 2020 para las empresas, y de mayo a julio de 2020 para RETA, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el RD 463/2020 de 14 de marzo. Deben presentarse en los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingresos. TGSS contestará en un plazo de 3 meses pero quedará aplazado en el momento de la presentación.
    Las empresas que tengan ERTE por Fuerza Mayor no se lo pueden aplicar. La falsedad documental o de información podrá incluso considerarse de carácter penal.

  • Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social, deberán presentarse durante los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso, entre abril y junio de 2020, y se le aplicará un 0,5% de interés.
  • Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo, si estas desempleado por un ERTE, ser dueño de establecimientos suspendidos por RD 463/2020 del 14 de marzo, y los autónomos de cese de actividad por COVID-19. El importe a disponer será en relación al salario dejado de percibir o los ingresos netos dejados de percibir tanto para tiendas como para el cese de actividad.

  • Trabajadores confinados por el Covid-19 y que no pueden desplazarse a su trabajo siendo por servicios esenciales RD ley 10/2020, tendrán la incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. La confinación de la población donde reside deberá demostrarse mediante certificación del Ayuntamiento, y el no poder trabajar telemáticamente deberá demostrarse mediante certificación de la empresa o declaración responsable ante el órgano del SPS si es trabajador RETA.

  • Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma.

  • Carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.

  • Existencia de bono social para trabajadores en cuenta ajena afectados por ERES y/o trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, en relación a los suministros de la vivienda habitual siempre y cuando el titular
    este acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) o que acepte la formalización de un contrato con la comercializadora en este sentido.

  • A nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña hay una ayuda de 2000 euros para las personas físicas de RETA que acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación como consecuencia de los efectos del coronavirus, requisitos:

-No estar en alta en las actividades en que las autoridades sanitarias han decretado el cierre.

-No disponer de otras fuentes de ingresos.

-Estar dado de alta en RETA.

-Acreditación de pérdidas en el mes de marzo de 2020 comparables a marzo de 2019, sino se estaba dado de alta en estas fechas, en relación a la media de facturación mensual desde el alta en RETA.

 

Desde el Blog del Corredor seguiremos informandoos de todas las novedades que vayan surgiendo. ¡Nos leemos!

ANALIZANDO LA “LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS”

En esta nueva entrada del Blog del Corredor queremos presentaros el primero de una serie de posts en los que trataremos los puntos más destacados de la reciente transposición de la IDD.

Mediante el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Para simplificar la referencia a la nueva norma, nos referiremos a ella como la “Ley de Distribución de Seguros”.  

Ok, ¿Pero esto qué significa? Vamos a ver las principales novedades que nos trae la nueva Ley:

¿Cuando/Donde/Cómo/A quien se aplica?

La nueva norma abarca todos los canales de distribución de seguros, por tanto, incluye a los mediadores de seguros y de reaseguros, a las compañías aseguradoras y reaseguradoras e incluye una nueva figura, la de los mediadores de seguros complementarios (esto es, quienes distribuyan seguros con carácter complementario de un bien o servicio, con determinadas condiciones). Asimismo, por  primera vez se contempla la figura de los llamados “comparadores”, que deberán cumplir con las obligaciones de los mediadores.

¿Que necesita el cliente?

El deber de información se regula ampliamente en la Ley de Distribución de Seguros y encontramos diferentes documentos a facilitar al cliente:

La información general previa: Es un documento muy similar a la información previa establecida en el artículo 42 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados (en adelante, “Ley de Mediación de Seguros”), si bien se tratan más cuestiones en el nuevo documento.

La información y, en su caso, asesoramiento previo, que deberán proporcionar los distribuidores de seguros sobre un contrato. El distribuidor de seguros determinará, basándose en informaciones obtenidas del cliente, las exigencias y las necesidades de éste.

El documento de información previa sobre el producto de seguro, que deberá elaborar la entidad aseguradora o bien el mediador si este último es quien ha diseñado el producto.

¡Espera! Hay mas…

Obligaciones adicionales en los productos de inversión basados en seguros:

Además de los documentos indicados en el apartado anterior, en el caso de los productos de inversión basados en seguros, los distribuidores deberán adoptar medidas para evitar posibles conflictos de interés y recabar información sobre el cliente con el objeto de recomendarle el producto más adecuado a su perfil. Asimismo, deberán informar al cliente de todos los costes y gastos asociados y advertirle de los riesgos conexos a los productos de inversión y a las estrategias de inversión propuestas.

Conservación de la documentación precontractual

Se establece el deber de conservar los documentos en los que se plasme la información precontractual entregada al cliente, al objeto de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones, durante un plazo mínimo de seis años desde el momento de la finalización de los efectos del contrato.    

Cuentas separadas

Se establece la obligación para todos los mediadores de seguros de acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador.

Los mediadores disponen de tres meses, desde la entrada en vigor de la Ley (6 de febrero de 2020), para adaptarse a esta obligación.

Régimen sancionador:

Se endurece el régimen sancionador,  destaca el significativo aumento de los importes de las multas.

En la Ley de Mediación de Seguros  la sanción por multa máxima era por importe de 30.000 euros.

Con la nueva Ley de Distribución, en el caso de las sociedades, su importe podrá ser hasta el importe más alto de los siguientes:

  1. El 3% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección o 1.000.000 euros (en el caso de productos de inversión basados en seguros el 5% y 5.000.000 de euros respectivamente) 
  2. O hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.

En el caso de los infractores persona física, la multa por una infracción muy grave podrá ser de hasta el importe más alto de los siguientes:

  1. 100.000 euros (700.000 euros en el caso de supuestos relativos a productos de inversión).
  2. O hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en caso de que pueda determinarse.

Lo mismo sucede con la sanción por multa a los que ejerciendo cargos de administración sean responsables de la actividad de distribución o formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución. La multa establecida en la Ley de Mediación de Seguros podía ser de hasta 60.000 euros y con la Ley de Distribución de Seguros esta asciende hasta 200.000 euros.

Como decíamos al principio, con esta entrada meramente hemos querido aportar un breve resumen de las principales novedades que nos trae la  Ley de Distribución de Seguros, pero sin duda, hay otros muchos temas a tratar y algunos de los comentados merecen que los abordemos de forma más amplia. A todo de ello esperamos dar respuesta en las próximas publicaciones de este blog.

«TO BE CONTINUED…»

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